En el organigrama de una
organización típica, hay una total compartimentación del trabajo. Los
distribuidores no conocen a quienes les entregan la droga. Nadie conoce ni ha
tratado al jefe, ya que el único que trata con el jefe es el responsable
financiero, el lavador de dinero. Los sicarios no conocen a los productores.
El único débil es el
departamento financiero, porque es el evidente. Hay evidencias de bandas que
trabajan para los narcotraficantes, pero sus relaciones son de subordinación y
cierta autonomía en la ejecución del trabajo.
Cuando la presencia del
narcotráfico se evidenció en el país, a fines de los setenta, empezó a
mencionarse el nombre de militares implicados en el negocio. Según publicación
de la revista El Parcial, de Alemania, Honduras emergía como el área más nueva
en el tráfico de cocaína a Estados Unidos.
Un boletín del Centro de
Documentación de Honduras, de marzo de 1990, indica que la Operación Causa Justa
impulsada por la administración del entonces presidente George Bush, contra el
narcotráfico en Panamá, dio un salto de rana a Honduras.
Oficiales norteamericanos
saben, desde hace varios años, que militares hondureños de alto rango han
enviado, o servido de embudo, toneladas de cocaína a Estados Unidos, señala el
informe titulado Los hilos del Narcotráfico.` Para el portavoz de las Fuerzas
Armadas, coronel Mario David Villanueva, la vinculación de los militares al
narcotráfico ha sido en casos aislados y no como política institucional.
Villanueva comenta que la lucha contra el narcotráfico debe ser frontal, en la
que deben participar todos y tomar el asunto como un problema real que enfrenta
el Estado.
El narcotráfico, según las
Fuerzas Armadas de Honduras, no tiene fronteras y su presencia es tan fuerte que
se percibe cuando aparecen nuevos ricos de la noche a la mañana, en momentos en
que la sociedad vive una grave crisis.
Villanueva no descarta la
posibilidad de que existan pequeños cárteles en el cuerpo armado: no se puede
descartar, dice, por el simple hecho de que somos seres humanos, estamos en un
país con una posición privilegiada para esta actividad ilícita. Lo que sí podría
decir es que podría ser la excepción en este momento y no la norma.
Por este motivo, grupos
humanitarios y analistas estiman que la lucha contra las drogas sólo será
efectiva si se desmilitariza la sociedad y se resta poder a los uniformados.
Los analistas apuntan que
la lucha contra el narcotráfico la deben emprender los policías civiles, agentes
del Ministerio Público o Fiscalía del Estado, en la medida que el tema de la
narcoactividad es un punto obligado, y no teórico como hasta ahora, en la agenda
nacional.
A la par de estas
preocupaciones, lógicas y coherentes con la realidad del país, otro dato que
preocupa a los estudiosos de la narcoactividad y las autoridades enfrascadas en
su lucha, es el aparente uso de territorio nacional para el lavado de divisas
procedentes de la droga.
De acuerdo con la Fiscalía
del Estado, el mayor signo del proceso de lavado de dinero es el hecho de
grandes cantidades en manos de personas cada vez de menor edad. Hay jóvenes de
entre 20 y 25 años que son millonarios. Es circulante en manos de personas que
no tienen activos fijos, sólo dinero cuya procedencia no se puede justificar
fácilmente.
Cada vez se producen más
vinculaciones del sistema con lugares donde se producen operaciones financieras
de dudosa reputación, como las Bahamas y Panamá. Hay, además de los bancos,
empresas que realizan operaciones comerciales directas.
En Honduras, se lava dinero
procedente del narcotráfico y de la corrupción, fortunas masivas que aparecen de
la noche a la mañana, según un informe en poder del Consejo Nacional contra el
Narcotráfico.
Las actividades económicas
más utilizadas para lavar dinero son el turismo, las casas de cambio, los
correos rápidos, la construcción, la compra de bienes raíces, la industria, el
deporte profesional, los supermercados y las tiendas grandes.
En 1995 se aprobó la Ley de
Banca y Finanzas, que contempla la superintendencia de bancos, asociaciones de
ahorro y crédito, financieras, aseguradoras y casas de cambio, y tiene amplias
facultades para revisar el funcionamiento de estas instituciones.
También la Asociación de
Instituciones Bancarias discute en el Congreso Nacional una ley contra el lavado
de activos, con el fin de suspender el secreto bancario en operaciones
vinculadas al narcotráfico.
En Tegucigalpa, nadie está
obligado a declarar el origen del dinero que deposita en los bancos. Una nueva
ley establecerá un formulario donde se indique la procedencia de depósitos
superiores a 3 mil 500 dólares. Pero esto aún no se aprueba en el Congreso, que,
hábilmente, ha dado largas al engavetar el proyecto.
El Fiscal General del
Estado, Edmundo Orellana, declaró que el secreto bancario, como está regulado en
Honduras, se presta para el lavado de dinero. Cualquier persona puede llegar a
un banco y depositar una gran suma de dinero y nadie le pregunta donde lo
obtuvo, porque no hay ninguna obligación de hacerlo, salvo pagar el impuesto
sobre la renta.
No obstante, uno de los
principales obstáculos detectados por las autoridades y grupos humanitarios en
la lucha contra el narcotráfico, es la inmunidad parlamentaria y política que
gozan algunos funcionarios, especialmente del Poder Legislativo.
La Fiscalía del Estado
sostiene que la inmunidad es para ellos el principal dolor de cabeza en la lucha
contra las drogas, pues existen evidencias de que en algunos carros del Congreso
Nacional se trafica con estupefacientes, se hacen grandes operaciones, pero no
pueden hacer nada porque las personas que los conducen gozan de inmunidad.
Honduras se apresta a
elegir, este 30 de noviembre, un nuevo presidente, diputados y alcaldes por un
período de cuatro años. Si bien el proceso entró a su fase final, ninguno de los
cinco aspirantes a la presidencia menciona el tema de la narcoactividad y su
combate.
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