miércoles, 21 de marzo de 2012

BASE DE LA NARCO ORGANIZACION

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En el organigrama de una organización típica, hay una total compartimentación del trabajo. Los distribuidores no conocen a quienes les entregan la droga. Nadie conoce ni ha tratado al jefe, ya que el único que trata con el jefe es el responsable financiero, el lavador de dinero. Los sicarios no conocen a los productores.

El único débil es el departamento financiero, porque es el evidente. Hay evidencias de bandas que trabajan para los narcotraficantes, pero sus relaciones son de subordinación y cierta autonomía en la ejecución del trabajo.

Cuando la presencia del narcotráfico se evidenció en el país, a fines de los setenta, empezó a mencionarse el nombre de militares implicados en el negocio. Según publicación de la revista El Parcial, de Alemania, Honduras emergía como el área más nueva en el tráfico de cocaína a Estados Unidos.

Un boletín del Centro de Documentación de Honduras, de marzo de 1990, indica que la Operación Causa Justa impulsada por la administración del entonces presidente George Bush, contra el narcotráfico en Panamá, dio un salto de rana a Honduras.

Oficiales norteamericanos saben, desde hace varios años, que militares hondureños de alto rango han enviado, o servido de embudo, toneladas de cocaína a Estados Unidos, señala el informe titulado Los hilos del Narcotráfico.` Para el portavoz de las Fuerzas Armadas, coronel Mario David Villanueva, la vinculación de los militares al narcotráfico ha sido en casos aislados y no como política institucional. Villanueva comenta que la lucha contra el narcotráfico debe ser frontal, en la que deben participar todos y tomar el asunto como un problema real que enfrenta el Estado.

El narcotráfico, según las Fuerzas Armadas de Honduras, no tiene fronteras y su presencia es tan fuerte que se percibe cuando aparecen nuevos ricos de la noche a la mañana, en momentos en que la sociedad vive una grave crisis.

Villanueva no descarta la posibilidad de que existan pequeños cárteles en el cuerpo armado: no se puede descartar, dice, por el simple hecho de que somos seres humanos, estamos en un país con una posición privilegiada para esta actividad ilícita. Lo que sí podría decir es que podría ser la excepción en este momento y no la norma.

Por este motivo, grupos humanitarios y analistas estiman que la lucha contra las drogas sólo será efectiva si se desmilitariza la sociedad y se resta poder a los uniformados.

Los analistas apuntan que la lucha contra el narcotráfico la deben emprender los policías civiles, agentes del Ministerio Público o Fiscalía del Estado, en la medida que el tema de la narcoactividad es un punto obligado, y no teórico como hasta ahora, en la agenda nacional.

A la par de estas preocupaciones, lógicas y coherentes con la realidad del país, otro dato que preocupa a los estudiosos de la narcoactividad y las autoridades enfrascadas en su lucha, es el aparente uso de territorio nacional para el lavado de divisas procedentes de la droga.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el mayor signo del proceso de lavado de dinero es el hecho de grandes cantidades en manos de personas cada vez de menor edad. Hay jóvenes de entre 20 y 25 años que son millonarios. Es circulante en manos de personas que no tienen activos fijos, sólo dinero cuya procedencia no se puede justificar fácilmente.

Cada vez se producen más vinculaciones del sistema con lugares donde se producen operaciones financieras de dudosa reputación, como las Bahamas y Panamá. Hay, además de los bancos, empresas que realizan operaciones comerciales directas.

En Honduras, se lava dinero procedente del narcotráfico y de la corrupción, fortunas masivas que aparecen de la noche a la mañana, según un informe en poder del Consejo Nacional contra el Narcotráfico.

Las actividades económicas más utilizadas para lavar dinero son el turismo, las casas de cambio, los correos rápidos, la construcción, la compra de bienes raíces, la industria, el deporte profesional, los supermercados y las tiendas grandes.

En 1995 se aprobó la Ley de Banca y Finanzas, que contempla la superintendencia de bancos, asociaciones de ahorro y crédito, financieras, aseguradoras y casas de cambio, y tiene amplias facultades para revisar el funcionamiento de estas instituciones.

También la Asociación de Instituciones Bancarias discute en el Congreso Nacional una ley contra el lavado de activos, con el fin de suspender el secreto bancario en operaciones vinculadas al narcotráfico.

En Tegucigalpa, nadie está obligado a declarar el origen del dinero que deposita en los bancos. Una nueva ley establecerá un formulario donde se indique la procedencia de depósitos superiores a 3 mil 500 dólares. Pero esto aún no se aprueba en el Congreso, que, hábilmente, ha dado largas al engavetar el proyecto.

El Fiscal General del Estado, Edmundo Orellana, declaró que el secreto bancario, como está regulado en Honduras, se presta para el lavado de dinero. Cualquier persona puede llegar a un banco y depositar una gran suma de dinero y nadie le pregunta donde lo obtuvo, porque no hay ninguna obligación de hacerlo, salvo pagar el impuesto sobre la renta.

No obstante, uno de los principales obstáculos detectados por las autoridades y grupos humanitarios en la lucha contra el narcotráfico, es la inmunidad parlamentaria y política que gozan algunos funcionarios, especialmente del Poder Legislativo.

La Fiscalía del Estado sostiene que la inmunidad es para ellos el principal dolor de cabeza en la lucha contra las drogas, pues existen evidencias de que en algunos carros del Congreso Nacional se trafica con estupefacientes, se hacen grandes operaciones, pero no pueden hacer nada porque las personas que los conducen gozan de inmunidad.

Honduras se apresta a elegir, este 30 de noviembre, un nuevo presidente, diputados y alcaldes por un período de cuatro años. Si bien el proceso entró a su fase final, ninguno de los cinco aspirantes a la presidencia menciona el tema de la narcoactividad y su combate.

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